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La extorsión de Stornelli: por qué es un mamarracho la versión de una operación desde la cárcel

La principal debilidad de la denuncia que este martes fue tapa de Clarín es simple: ¿cómo se puede armar una operación contra el fiscal Carlos Stornelli con dos llamados posteriores a la existencia de la denuncia? En radio Con Vos, la periodista especialista en temas judiciales Irina Hauser comparó las fechas de las escuchas y de la presentación de la denuncia de Pedro Etchebest, de donde surge la insostenible incongruencia.

Pero también apuntó contra la ilegalidad que representa obtener información de las comunicaciones telefónicas de detenidos, bajo los cuáles no pesan órdenes judiciales que habiliten su control. La maniobra es ubicar a detenidos por causas de narcotráfico en el mismo pabellón, donde ese único teléfono del que disponen los detenidos les sirve para obtener información que pueda derivar en la presión para conseguir acusaciones directas a la expresidenta.

Según reprodujo eldisenso.com, las legisladoras Mariana Zuvic y Paula Olivetto presentaron una denuncia en Tribunales, en la que configuran que frases como “un dolor de muelas” o “Bonadio y Stornelli pufff” serían leídas como metáforas de otras cuestiones.

La Coalición Cívica recibió -misteriosamente- transcripciones de escuchas telefónicas de Roberto Barata y Juan Pablo Schiavi directas desde el penal de Ezeiza, bueno en realidad, desde el brazo informático de la administración macrista: la oficina encargada de realizar las escuchas y posteriores transcripciones es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación. Actualmente dirigida por el camarista federal Martín Irurzun, tiene entre sus empleados a Mateo Nicolás Stornelli, hijo del fiscal federal Carlos Stornelli.

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