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Ex convencionales presentan escrito al Tribunal Superior de Justicia por la ocurrencia de Tito Figueroa

COMPARECEN COMO TERCEROS INTERESADOS – PLANTEAN INEXISTENCIA DE CONFLICTO INTERNO DE PODERES.- EFECTUAN RESERVA DE CUESTION FEDERAL

Excmo. Tribunal Superior:

Liliana Rosa del Socorro FERREYRA, DNI 12.808.804, con domicilio en calle Sobremonte 538; Antonio Eduardo LOPEZ MINUET, DNI 13.778.822, con domicilio en calle Colón 192; Lilian Graciela SUARES, DNI 16.034.164, con domicilio en calle Osvaldo Mariano 35; Maria Genoveva ZAMBRANO, DNI 5.003.854, con domicilio en calle San Luis 415; Pedro Eduardo del Valle PONCE DE LEON, DNI 24.915.824, con domicilio en calle Italia 364, todos de la Ciudad de Deán Funes y en su carácter de Ex Convencionales Municipales y Mario Alberto VAZQUEZ, DNI 17.257.558, con domicilio en calle Juan XXIII 265 y Gustavo Martin RUIZ, DNI 21.904.895, con domicilio en calle Osvaldo Mariano 334, en su carácter de Concejales; en estos autos caratulados: “FIGUEROA RAUL ALBERTO – INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE DEAN FUNES – CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL” (Expte. 7367984) con el patrocinio letrado de los Dres. Antonio María Hernández, Matr. Prov. Nº 1-23351 y Antonio María Hernández (h), Matr. Prov. Nº 1-34455 y constituyendo domicilio a los efectos legales en calle 9 de julio 53, 2º Piso, Dpto. 7 de la ciudad de Córdoba, ante V.E., respetuosamente comparecemos y decimos:

  1. COMPARECENCIA Y REPRESENTACIÓN

Que comparecemos en nuestro carácter de Ex Convencionales y de Concejales respectivamente, y todos a su vez en nuestra calidad de vecinos de la Ciudad de Deán Funes, conforme surge de la documentación que se acompaña como prueba.

En virtud de ello, solicitamos que se nos tenga como Terceros Interesados y con el domicilio constituido. 2

 

  1. OBJETO

Que atento la presentación efectuada por el Sr. Intendente Municipal por ante este Tribunal Superior de Justicia en los términos del Art. 165 1º ap. c) de la Constitución Provincial y Art. 128 de la Ley 8102, los que tramitan bajo el número citado ut supra, nos presentamos en las calidades invocadas y solicitamos, desde ya, que se nos otorgue la participación en los presentes como terceros interesados y, a la postre, que se rechace el conflicto de poderes por ser manifiestamente improcedente.

Solicitamos que por las razones de hecho y de derecho que seguidamente se exponen, se rechace la presentación efectuada por el Intendente Municipal con expresa imposición de costas.

III.- ANTECEDENTES

A todo evento procesal, negamos expresamente todas aquellas circunstancias fácticas que no merezcan un expreso reconocimiento por nuestra parte.

Es cierto que con fecha 29/06/2018 se sancionó y publicó en el Boletín Informativo Municipal la Carta Orgánica.

De la lectura del objeto de la acción promovida se desprende que el Sr. Intendente pretende que se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la Carta Orgánica y que se lo autorice a convocar a una nueva Convención Constituyente que subsane lo irregularmente concretado por la originaria.

Resulta evidente, como posteriormente acreditaremos, que la pretensión ensayada por el Intendente para que se declare la repugnancia de la Carta Orgánica con el plexo constitucional Nacional y Provincial no se compadece con las previsiones de un conflicto de poderes.

Probablemente, su conducta implica una desviación de poder en tanto el Sr. Intendente pretende utilizar la vía del conflicto de poderes para evitar la plena aplicación de la Carta Orgánica sancionada legítimamente por la Convención Constituyente, lo que implica una gravedad institucional que este Alto Cuerpo no debe tolerar. 3

 

Además, la lectura de las supuestas quejas constitucionales que hace el Sr. Intendente a la Carta Orgánica sancionada pone de resalto que en realidad se trata de una mera discrepancia política con su contenido y/o una contrariedad frente a sus ambiciones políticas futuras. De modo alguno, ello lo habilita para escudarse en el supuesto conflicto de poder para evitar la vigencia de un cuerpo normativo aprobado por el Poder Constituyente Municipal.

Por el contrario, la Carta Orgánica respeta de manera indubitable el contenido del plexo normativo nacional y provincial, tal como se demostrará luego. Se trata, lisa y llanamente, de un alzamiento de un poder constituído contra el Poder constituyente, que resulta infundado y que revela la gravedad institucional en que hoy se encuentra Deán Funes a consecuencia del accionar del Intendente.

IV.- INADMISIBILIDAD FORMAL

El conflicto de poderes articulado resulta inadmisible desde el punto de vista formal por los siguientes motivos:

  1. Inexistencia de caso judicial

La pretensión del Sr. Intendente puede admitirse habida cuenta que no resulta posible la intervención de un tribunal de justicia debido a la inexistencia de un “caso” o “causa”.

De acuerdo con los precedentes de V.E. la expresión “caso” alude a un conflicto de intereses que pueda suscitarse entre partes de una relación jurídica sustancial. De tal suerte que el justiciable legitimado, aún cuando no haga valer una pretensión de condena, necesita de la intervención del Tribunal, para que mediante el pronunciamiento jurisdiccional se le confiera certeza a una situación jurídica dudosa, susceptible de producirle un daño. 4

 

Con ello se procura excluir del control directo de constitucionalidad la mera transgresión abstracta de intereses, de carácter simplemente consultivo o que ponga de manifiesto una indagación meramente especulativa1.

1“Serravalle, Juan Ricardo s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad”, Expte. “S”, Nº 05, 2003.

2 Sagüés, Néstor. “El control de constitucionalidad de oficio. Alternativas normativas en Argentina: Prohibición, facultad o deber”, ED 181-1092.

3 “Sindicato Trabajadores Municipales de Jesús María c/ Municipalidad de la Ciudad de Jesús María – Acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. “S”, Nº 01, 2004

Como bien lo advierte Sagüés, “el juez no revisa la inconstitucionalidad de las normas ni por hobby ni por deporte, ni como investigador del derecho ni como legislador, sino como magistrado encargado por el Estado para decidir un conflicto sometido jurisdiccionalmente bajo sus estrados”2.

Así, ha expresado V.E. que el caso concreto se configura cuando media un interés suficiente para proponer la pretensión declarativa, mediante la cual los accionantes procuran superar la situación de falta de certeza por una probable lesión futura que se materializaría de ponerse en ejecución la normativa cuestionada en su regularidad constitucional. Dicho interés se concreta, precisamente, frente a la posibilidad de sufrir un daño injusto, que podría derivarse de la efectiva aplicación de la norma cuestionada3.

Como puede apreciarse, de acuerdo a la inveterada jurisprudencia de V.E. la existencia de un “caso” requiere la efectiva vigencia de la normativa cuyo control se pretende aunque la misma todavía no sea aplicable. Es decir, V.E. permite el control preventivo de constitucionalidad de normas vigentes antes de que las mismas sean aplicables pero de modo alguno tiene instaurado un modelo de control previo a la existencia de la norma en el mundo jurídico cuyo control se pretenden este pleito, tal como aconteció en Francia hasta la reforma de 2008.

Ello debido a que el modelo de control de constitucionalidad en nuestra Provincia, como en el orden federal, es difuso y para el caso concreto. 5

 

Que en el presente caso, no existe conflicto de poderes como tal, ya que no podría darse un conflicto entre el Poder Constituyente y el Poder Constituido, máxime cuando el primer ha cesado en sus funciones.

Por tales motivos, no existe objeto para el control de constitucionalidad que el Sr. Intendente pretende hacer incorrectamente por esta vía del conflicto de poderes.

  1. Inexistencia de agravios

El Sr. Intendente, al promover un inexistente conflicto de poderes, no explica cuáles serían los agravios concretos que le causa la sanción de la Carta Orgánica. Advierta, V.E. que solo se limita a señalar que la misma no le permitirá gobernar, lo que pone de resalto que sus argumentaciones se limitan a expresar disconformidad sobre el mérito, oportunidad o conveniencia del contenido de la Carta Orgánica sancionada por la Convención Constituyente.

Pocas veces se ha observado una situación de esta naturaleza. Lo elemental es que los poderes constituidos juren respetar y cumplir lo sancionado por el Poder constituyente. Esa fue la enseñanza del constitucionalismo en la historia y eso explica la supremacía constitucional como uno de los grandes pilares de la teoría constitucional. Y ya sabemos que estos principios se aplican en el orden municipal, pues la Carta Orgánica, es la Constitución Local, como resultado del ejercicio de un poder constituyente municipal.4

4 Hernández Antonio María, “Derecho Municipal”, UNAM, México, 2003, Cap. III, pág. 140 y sgts. y Cap. II: El Poder constituyente” en el libro “Derecho Constitucional”, 2 Tomos, Director Antonio María Hernández, La Ley, Buenos Aires, 2012.

5 Fallos, 340:257.

En relación a esto, en el caso “Schiffrin”5, el Voto del Ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti expresa: “En sistemas como el argentino, de Constitución codificada y reforma dificultada, resulta especialmente relevante advertir la disímil jerarquía observable entre el poder constituyente (originario y derivado) y el poder constituido, pues si se ignorara o subestimara esta distinción y la relación de subordinación que conlleva, la Constitución dejaría de ser la “carta de navegación” que indica el rumbo del accionar estatal y los órganos legislativo, ejecutivo 6

 

y judicial carecerían de límites, quedando expuesta la población a decisiones legislativas o sentencias judiciales -asumidas incluso con mayorías exiguas y cambiantes- con capacidad de alterar el texto ordenador de la convivencia”.

Es lo que puede ocurrir, Excmo. Tribunal Superior de Justicia, si se hace lugar a esta aventura jurídica del Intendente Municipal, que además de desconocer la letra de la Carta Orgánica Municipal, – hoy la carta de navegación de la Ciudad de Deán Funes-, está produciendo estas acciones de enorme gravedad institucional.

Ello en virtud del respeto que merece la Convención Constituyente por ser el órgano con mayor grado de representatividad de la voluntad soberana del pueblo, teniendo en cuenta que “los ciudadanos eligen a los convencionales con plena conciencia y conocimiento de que llevarán a cabo en forma inmediata y concreta la misión de reformar la Ley Fundamental”6

6Considerando 12°

7 TSJ, 21/09/04, Sala Electoral y de com. Originaria, “Municipalidad de la Cumbre”, Auto nº 42.

  1. Existencia de vía más idónea o apta

De la lectura del objeto de la acción se desprende que el Sr. Intendente pretende que se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la Carta Orgánica y que se autorice al Poder Ejecutivo a convocar a una nueva convención constituyente.

Sobre el punto ha dicho el Tribunal Superior de Justicia que no corresponde la vía del conflicto de poderes cuando la pretensión está dirigida en otro sentido.7

Resulta evidente, entonces, que la pretensión del Sr. Intendente no engarza en el cauce procesal incoado (conflicto interno de poderes), sino más bien en una acción de inconstitucionalidad de los diversos artículos que de la Carta Orgánica.

En virtud de lo expuesto, resulta evidente la existencia de una vía judicial más idónea como la acción de inconstitucionalidad. 7

 

Pues, según se expone en la demanda, el Sr. Intendente alega una supuesta de amenaza a normas constitucionales –que emergen de la Constitución Nacional y Provincial-, por parte de la Convención Constituyente.

  1. Improponibilidad objetiva de la pretensión

De la lectura del objeto de la pretensión ensayada se desprende que el Sr. Intendente procura, además de que V.E. realice un control previo de constitucionalidad (lo que no está permitido en nuestro sistema jurídico), que se autorice al Departamento Ejecutivo a convocar a una nueva convención constituyente.

Como no escapará a vuestro elevado criterio esta pretensión resulta ajena a las atribuciones de un Tribunal de justicia en tanto son los poderes municipales y las normas que regulan su actuación los que autorizan dicha circunstancia mediante las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico aplicable. Es otra ejemplo notorio del desconocimiento del derecho en que incurre el Intendente, que no comprende el principio de la autonomía municipal, ni el concepto del poder constituyente ni las competencias de los poderes locales y de un tribunal de Justicia.

  1. Inexistencia de conflicto de poderes

Tampoco concurren en el caso los recaudos previstos por el ordenamiento para el planteo de un conflicto de poderes.

De la lectura de la pretensión del Sr. Intendente se aprecia con toda claridad que no se presenta un conflicto de poderes ni objeciones constitucionales claras. Por el contrario, es evidente la discrepancia del promotor del conflicto con la tarea realizada por la Convención Constituyente, respecto de sus ambiciones políticas. Como no escapará a vuestro elevado criterio ello escapa a las atribuciones de V.E.

De acuerdo a lo expuesto en la demanda, el accionante asienta su pretensión en el art. 128 de la LOM alegando que existe conflicto interno municipal en virtud de la existencia de actos que atentan contra el regular funcionamiento de los órganos municipales. 8

 

Ello no se verifica en las presentes actuaciones dado que la norma que se pretende atacar (Carta Orgánica), no tiene vigencia jurídica porque no la cumple el propio Intendente, en una violación de sus responsabilidades funcionales que debe ser investigada.

Por otra parte, el Sr. Intendente no expone cómo la sanción de la Carta Orgánica atenta contra el regular funcionamiento del Poder Ejecutivo y en, consecuencia, cómo se verifica el recaudo del referido art. 128 de la LOM.

Conforme lo ha señalado Soledad Puigdellibol, para que proceda dicha causal resulta necesario que existan “actos abusivos e ilegales ejecutados en contra de uno más órganos municipales que le impidan ejercer funciones que le son propias” y que exista “una cuestión legal, de derecho, que justifique la intervención del órgano encargado de dilucidar la cuestión: el Poder Judicial”.8

8Puigdellibol María Soledad, “Conflicto de Poderes”, Ed. Advocatus, pág. 46.

Como ya hemos dicho, aquí no existen ninguno de los requisitos exigidos para un conflicto de poderes. Insistimos que se trata de otra cuestión: el alzamiento contra el orden constitucional municipal, que es lo primero que debe asegurar V.E. en resguardo de la seguridad jurídica y del gran principio de la autonomía municipal, consagrado por las Constituciones de la Nación y de la Provincia.

Sobre el punto a dicho V.E que “no ha de ser cualquier cuestión que verse sobre atribuciones o irregularidades de los poderes públicos la que ha de autorizar la intervención de este alto cuerpo” dado que “no se vislumbra una irregularidad de gravedad institucional en la Municipalidad” (“Podstawek, Enrique – Intendente de Saldán” Auto nº 42 del 16/10/02)

Por las razones invocadas, debe resolverse que no concurre en el caso la existencia de un conflicto de poderes que amerite la intervención de V.E. 9

 

  1. El nuevo criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Schiffrin”.

En este sentido y por la relación con la causa, es menester recordar que la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente el carácter justiciable de la regularidad de los procesos de Reforma Constitucional9 pero también ha señalado que el mismo es excepcional y se limita únicamente a corroborar la concurrencia de los “requisitos mínimos e indispensables que condicionan la sanción de la norma constitucional reformada10

9“Ríos”, Fallos: 316:2743; “Sotelo”, Fallos: 335:2360; “Colegio de Abogados de Tucumán”, Fallos: 338:249.

10“Soria de Guerrero”, Fallos: 256:556.

11Considerando 16°.

12Considerando 11° del Voto del Dr. Rossati en la causa “Schiffrin”.

Este tipo de control procedimental fue el que efectuó la Corte en los casos “Fayt” y “Schiffrin”. El control sustantivo, por su parte, supone indagar acerca de los supuestos en los que el Poder Judicial podría hacer un control sobre lo decidido por el Poder Constituyente.

Según la doctrina del Máximo Tribunal en la causa “Schiffrin”, se debe demostrar categóricamente “que exista una grave, ostensible y concluyente discordancia sustancial” entre la habilitación conferida y la actuación de la Convención; o cuando lo decidido por la Convención afectara de modo grave el sistema republicano; o en caso de que se afectasen derechos fundamentales inderogables por formar parte del contenido pétreo de la Constitución11.

Por su parte, el Dr. Rossati, explica en su voto que lo decidido por la Convención es pasible de control sustancial cuando: a) se desprende razonablemente, o no, de las facultades otorgadas por la ley habilitante; b) es en sí misma irrazonable (más allá de que se la comparta o no); y c) colisiona o no colisiona con el texto constitucional considerado como un sistema.12

En conclusión, el control judicial de lo realizado por una Convención Constituyente es excepcional en virtud del alto grado de legitimidad y 10

 

representatividad que tiene la voluntad soberana del pueblo. Es por ello que debe evitarse que los jueces –en ejercicio de un poder constituido- ejerciten un control predominantemente político e incidentalmente jurídico para ponderar el trabajo del órgano reformador.13

13Cfr. Considerando 11° del Voto del Dr. Rossati en la causa “Schiffrin”.

14 Véase Antonio María Hernández, “El caso Fayt y sus implicancias constitucionales”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2001 y “El caso Fayt”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012.

En definitiva, el actor realiza un esfuerzo argumentativo notoriamente equivocado, ya que no comprende el sentido de lo resuelto por la CSJN en “Schiffrin”, que cambió sustancialmente el grave precedente de Fayt.14. Suponemos que , existe un amplio margen para que los jueces ejerzan control de constitucionalidad sobre lo decidido por la Convención Constituyente, pasando por alto que el control del contenido de la enmienda constitucional es la excepción, situación que no configura en la presente causa.

  1. Desviación de poder

Todas las decisiones públicas –incluso las normativas en cualquier escalón de la pirámide jurídica- deben reunir, amén de los requisitos formales en cuanto al órgano de producción y a la subordinación en la letra a la norma de jerarquía superior, las siguientes condiciones: 1) no perseguir expresa o de manera encubierta un fin, público o privado, distinto que el querido por el autor de la norma superior que autoriza o prevé la toma de esa decisión; 2) aún coincidiendo el fin perseguido por la decisión con el fin querido por el legislador superior, las medidas dispuestas en la primera deben ser proporcionalmente adecuadas a dicha finalidad; 3) la opción elegida debe ser la más razonable y menos “costosa”, en términos sociales, políticos o económicos, con relación a la finalidad, aún legítima, perseguida.

El incumplimiento de tales requisitos genera el vicio que en derecho público es denominado “desviación de poder”, como la expresión jurídica del vicio político del “abuso de poder”, en definitiva un supuesto análogo al “abuso de derecho” del derecho privado (conf. Art. 1071 del C. Civil.) Precisamente, es una 11

 

posición doctrinaria difundida aquella que encuentra entre las instituciones del “abuso del derecho” y de la “desviación de poder” una relación de género a especie15.

15 Silva Tamayo, Gustavo. “Desviación de poder y abuso de derecho”, Lexis Nexis, Monografías Jurídicas Nº 157, Buenos Aires, 2006. Capítulo IV.

16 Ver, por todos, Marienhoff, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, T. II, & 495.e), 4ta. Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005; Comadira, Julio, “El acto administrativo en la Ley de Procedimientos Administrativos”, & 6.7 y sgtes., La Ley, Buenos Aires, 2004, ambos con abundantes citas de doctrina y jurisprudencia, entre ellas la citada por Marienhoff en la nota 713, correspondiente a Prat, “Hay desviación de poder cuando el órgano estatal se sirve de su potestad legal para fines o por motivos distintos a los previstos en la norma respectiva”.

17 Ver el clásico Linares, Juan Francisco, “Razonabilidad de las Leyes”, 2° edición, 2| reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2002.

18 Linares, ob. cit., pag.29.

19 Cfr. FIORINI, Bartolomé., “Acción de amparo. Graves limitaciones e incongruencias que la desnaturalizan”, L.L. t. 104, pag. 1363.

20 Cfr. RAMÍREZ ESCUDERO, Daniel Sarmiento, El control de proporcionalidad de la actividad administrativa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, pag. 292.

Es cierto que el instituto de la desviación de poder ha sido principalmente estudiado por el Derecho Administrativo, como vicio propio del acto administrativo16, pero su contenido conceptual es también propio del Derecho Constitucional, donde se lo ha estudiado especialmente como un supuesto de violación de la garantía del “debido proceso sustantivo”17. Este es también un “standard” de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones gubernamentales, también denominado “regla del equilibrio conveniente”18. En nuestra Constitución se encuentra en los “pliegues” –para utilizar una feliz expresión de la Corte Suprema norteamericana con relación al derecho a la “privacidad”- de los arts. 14, 18 y 28, principalmente.

Cabe recordar que la figura de la desviación de poder queda comprendida dentro de la noción de la arbitrariedad entendida esta última como el proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes pues la misma “se desenvuelve dentro del capricho inicuo contra los derechos de un tercero”19 y “exhibe un juicio valorativo especialmente negativo frente a las normas”20. 12

 

A la luz de estos conceptos, resulta claro que el Sr. Intendente de Deán Funes ha perseguido mediante la presente una finalidad distinta al interés general de la comunidad, habida cuenta que sólo ha procurado el interés partidario o personal frente a los beneficios que la nueva Carta Orgánica implica para los vecinos.

V.- IMPROCEDENCIA SUSTANCIAL

Sin perjuicio de lo afirmado supra respecto de la falta de una causa judicial o caso, de manera subsidiaria y a todo evento procesal, destacamos seguidamente que los reproches constitucionales afirmados por el Sr. Intendente en su presentación resultan inexistentes, lo que obliga a V.E. al rechazo de la demanda.

Menos aún puede decirse que los mismos sean graves y ostensibles conforme el estándar de control de la actividad del Poder Constituyente conforme lo resuelto por la Corte Suprema en “Schiffrin”.

Conforme se expone en la demanda, el Sr. Intendente alega la existencia de supuestos vicios en la Carta Orgánica. Tal como demostraremos seguidamente, no existen las inconstitucionalidades denunciadas. Por el contrario, los argumentos vertidos solo trasuntan cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia que resultan ajenos a la competencia de V:E.

  1. Violación al sistema de división de poderes

En primer lugar, la queja del Sr. Intendente está orientada a cuestionar la supuesta violación al sistema que denomina ejecutivista que, según su parecer, delimita las competencias y funciones del Intendente al arrogarlas a las distintas ramas que integran el Gobierno municipal, diluyendo sus competencias, todo lo que atenta contra el normal funcionamiento del DEM y de la Administración.

Con relación a ello, debemos decir que ello es falso dado que no se desprende del referido instrumento legal alteración alguna al modelo de separación de poderes existente.

Además, no puede desconocerse que la Constitución de Córdoba autoriza la posibilidad de organizar un gobierno municipal sin Poder Ejecutivo 13

 

(art. 183 CP). Si ello es así tal como incluso lo reconoce el Sr. Intendente en su presentación, el cuestionamiento formulado carece de asidero, pues la organización de un sistema más equilibrado de división de poderes está dentro del marco de apreciación de la Convención Constituyente.

Asimismo, no puede desconocerse la tendencia regional a atenuar el sistema presidencialista. En esa línea se inscriben las modificaciones a la Constitución Nacional realizadas en la Reforma de 1994.21

21 Cfr. Alberto García Lema, “La reforma constitucional de 1994 a 20 años de su sanción. Reflexiones y testimonios de política constitucional” y Antonio María Hernández, “A veinte años de la reforma constitucional de 1994”, en “A veinte años de la reforma constitucional de 1994”, Coordinadores Alberto García Lema y Antonio María Hernández, Número Especial, Jurisprudencia Argentina, 2014, III, Buenos Aires, 20 de agosto de 2014. Allí se explican por parte de los Ex Miembros de la Comisión Redactora, las ideas fuerza de la reforma, entre las que se destacó la de atenuar el presidencialismo.

En segundo término, el Sr. Intendente dirige su ataque a cuestionar la manera en que la Carta Orgánica conforma el Tribunal de Cuentas (art. 154 de la COM). En este punto, afirma que dicha cláusula viola el espíritu del art. 183 de la Constitución Provincial en relación a la gobernabilidad.

También sostiene que la Carta Orgánica adolece de irrazonabilidad al exigir que los vocales del Tribunal de Cuentas deberán ser abogados, contadores públicos, con título terciario o de nivel medio relacionado con las ciencias económicas.

Estos agravios también deben ser descartados por diversos motivos. Por un lado, porque no existen limitaciones en la Constitución Nacional y Provincial al respecto. Y además, porque se trata del ejercicio de la autonomía municipal, que justamente posibilita que por medio de la Carta cada uno de estos Gobiernos locales se dé su propia legislación, dentro de los requisitos constitucionales fijados.

Tampoco puede pasarse por alto el sustento democrático y de representatividad del órgano Constituyente, que representa la soberanía popular en su máxima expresión. 14

 

En tercer orden, el Sr. Intendente discrepa con el contenido del art. 124 de la Carta Orgánica sancionada cuando dice: “El Concejo Deliberante o los Concejales individualmente pueden pedir informes al Departamento Ejecutivo por cuestiones de interés público, los que deben ser contestados obligatoriamente. El incumplimiento de esta obligación configura seria irregularidad. Los informes solicitados por el Cuerpo deben evacuarse en el término que éste fije. Las minorías pueden solicitar hasta un (1) pedido de informe por mes, sobre un tema puntual y el Departamento Ejecutivo deberá contestarlo en el plazo que fijará el Concejo Deliberante, el cual no podrá ser mayor a treinta días (30) de su solicitud.“

Como no escapará a vuestro elevado criterio, la imposición de la rendición de cuentas, a través de pedidos de informe, constituye una exigencia correcta desde el punto de vista institucional que está orientada a incrementar la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, todo ello, en cumplimiento de principios republicanos.

Por otra parte, no cabe dudar que entre las principales funciones del Concejo Deliberante está la de ejercer el control político de los otros Departamentos, y especialmente del Ejecutivo. Y el pedido de informes es esencial para ello. Aquí queda expuesta de manera palmaria la grosera actitud antirepublicana del Intendente, de cuestionar una facultad que es ejercida por todos los órganos deliberativos en el país, en la Provincia y en los otros Municipios. Nos preguntamos qué es lo que pretende el Intendente? No informar…no rendir cuentas… Todo esto sólo sirve para poner de relieve la manifiesta falta de fundamentos de esta acción y la intención de profundizar un hiperpresidencialismo a nivel local que ha sido tan negativo para las instituciones del país..

No cabe dudar en consecuencia, que la Convención actuó dentro de sus competencias, cumpliendo su histórica función de otorgar la primera Carta para Deán Funes y que esta acción del Intendente debe ser desestimada por V.E., por el desconocimiento y violación de la autonomía municipal consagrada en las Constituciones de la Nación y de la Provincia.

VI.- OFRECEN PRUEBAS 15

 

Ofrecemos como prueba de los hechos y derecho invocados, la siguiente documental:

  1. a) Constancias que acreditan la representación invocada;
  2. b) Copias de los DNI de cada uno de los suscribientes;
  3. c) copia de las Ordenanzas Nº 2592; 2683; 2714; 2731; 2776; 2805; 2819 y del Decreto 215.

VII.- COSTAS

Además, solicitamos expresamente a V.E. que al rechazar el conflicto de competencias promovido imponga las costas, de manera personal, al Sr. Intendente conforme lo resuelto en los autos “Papell Julio José” (Sentencia nº 17 del 27/15/2002) y en autos “Ipérico, Nelson José” (Sentencia Nº 15 del 31/10/2003)

VIII. FORMULAN RESERVA DE CUESTIÓN FEDERAL

Para el caso hipotético de que se haga lugar a esta acción, formulamos en esta primera instancia la reserva del caso federal, para recurrir por la vía del recurso extraordinario federal de los arts. 14, 15 y 16 de la Ley Nº 48 por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En autos estamos en presencia también de la violación de normas federales, como las de los arts. 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, que garantizan la autonomía municipal en base a principios republicanos y democráticos. Y como ya lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en base a conocidos precedentes judiciales.

  1. PETITUM

Por todo lo expuesto, a V.E., pedimos:

  1. a) Nos tenga por presentados como Terceros Interesados y con el domicilio constituido.
  2. b) Tenga por ofrecida la prueba indicada.
  3. c) Rechace el presente conflicto de Poderes, imponiendo las costas al Sr. Intendente.

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  1. d) Tenga presente la reserva del caso federal planteada.

 

POR SER JUSTICIA

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